La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare contrario a la ley la medida de inmovilizar las motocicletas como un medio para lograr el pago de las multas, producto de infracciones de tránsito, contemplada en el código nacional de tránsito.
Dicha norma impone a los motociclistas una sanción accesoria de inmovilización, además de la multa de 30 salarios mínimos legales vigentes, como sanción principal por infracciones de tránsito.
Según el ministerio público, con esta disposición se incurre en sanciones adicionales para asegurar el recaudo de la multa, lo que resulta arbitrario, ya que existen otros medios adecuados para lograr el cobro de estos dineros.
Así mismo señala que la inmovilización vulnera la libertad de circulación y en algunos casos se vulnera el derecho al trabajo, la libre escogencia de profesión u oficio, entre otros.
